Graciliano Palomo hace balance del programa de consolidación y modernización
de los regadíos que impulsa la Seiasa del Norte, el organismo que preside
desde julio del 2004; el plan acaba de completar los 179 millones asignados
para todo el territorio que le compete a la sociedad dependiente del
Ministerio de Agricultura, con actuaciones en cinco comunidades de regantes
de la provincia leonesa: casi 25.000 hectáreas con una inversión total de
166 millones. El presidente de la Seiasa insiste en que el plan, que ha
completado con éxito sus previsiones iniciales, no se ha cerrado.
-¿Encontró receptividad entre los agricultores a la hora de
exponer las pretensiones del plan de modernización de regadíos?
-La situación debería analizarse por zonas, en primer lugar. Las provincias
que por lo general tienen más agua y a precio más asequible, entre las que
se encuentra León, mostraban de entrada menos interés para sumarse al plan,
Sin embargo, las comunidades de regantes de, por ejemplo, Salamanca,
Valladolid o Burgos, que sufren más escasez de agua o se han visto obligados
a pagar tasas por elevación, mostraron menos problemas para adherirse a
estas actuaciones. Otro de los asuntos que incidieron en la decisión fue el
tramo de edad de los productores; las comunidades de regantes que tienen más
jóvenes se decidieron antes que donde había más edad; también hubo más
premura en la decisión afirmativa en las que dominan las agricultores sobre
los propietarios. Escasez y coste de agua, jóvenes y agricultores; estos
tres parámetros decidieron.
-Ya se han alzado voces a favor de otorgar más capacidad
decisoria al que trabaja la tierra frente al propietario. ¿Ayudaría un
movimiento en ese sentido?
-Eso no le corresponde en ningún caso a la Seiasa. Deben ser otros quienes
se manifiesten al respecto; se promueve convertir a las comunidades de
regantes el papel de banco de tierra de forma que puedan facilitarse a
través de ellas las transmisiones de propiedad, los arrendamientos, las
permutas y todas la operaciones sobre la propiedad de las tierras que siguen
siendo en un panorama minifundista un problema fundamental para modernizar.
Eso es lo que no se acabará de modernizar totalmente mientras las fincas
agrarias tengan unas dimensiones tan reducidas como lo tienen por término
medio en esta zona nuestra.
-¿Es decisivo el apoyo de otras administraciones con
competencias en la estructura agraria para impulsar la modernización?
-Alabo la decisión de la Junta de primar la reconcentración en las zonas en
las que se va a decidir la modernización para regadíos. Los dineros públicos
tiene que aprovecharse de esta forma. También me parece una apuesta decisiva
el último apoyo financiero comprometido que refrenda los acuerdos
anteriores.
-Con todo ese refrendo, parece que las comunidades de
regantes leonesas susceptibles de recibir mejoras recibieron la información
con cierto escepticismo.
-El proceso lento de adhesiones al plan de regadíos no creo que fuera un
problema provincializable; sí es de que en la zona sería un problema menos
urgente. Lo que puedo asegurar es que cuando tomamos contacto con ellos el
panorama estaba muy verde. Tenían una vaga idea de lo que era el programa, y
les parecía algo exótico y hasta casi como un lujo. Hemos estado tratando de
convencer de que era una necesidad para el futuro. Elemental para el
desarrollo.
-Tampoco parece que hubiera mucha uniformidad en la
aceptación del plan.
-Hemos visto que las juntas de regantes, las directivas, están por lo
general bastantes convencidas de la necesidad de modernizar; y que tienen
muchos problemas para convencer a los miembros. Y ahí volvemos a que muchos
de esos comuneros o son propietarios no agricultores o son personas de
edades mayores a los que los proyectos de futuro les quedan lejanos o
ajenos.
-¿Tuvieron dudas a cerca del método más efectivo para llegar
al agricultor, como beneficiario último de las mejoras?
-Ha sido un proceso muy denso, con una agenda en la que no ha habido
descanso. Y utilizamos todos los medios técnicos a nuestro alcance;
ediciones de deuvedés, folletos informativos, inserciones en revistas
especializadas.
-¿El sector agrario muestra más unanimidad a la hora de
reconocer los beneficios del plan?
-El más inmediato es la comodidad para el agricultor, dado que la tarea del
riego es una de las que más ocupa al agricultor. Esto es lo más inmediato y
lo que más va a incidir en la vida del productor que podrá dedicar más
tiempo a otras actividades agrarias o multiplicar la producción; luego,
otros beneficios económicos; más productividad y más ahorro por reducción de
costes; y los medioambientales, a largo plazo, los más importantes porque
reduce el gasto de agua o la contaminación por fertilizantes. Los beneficios
redundan en toda la sociedad a medio y largo plazo; creo que de esto no le
cabe duda a nadie.
-Con las cifras económicas y la extensión a la que afecta el
plan ¿cabe hablar de una nueva reconversión para el campo leonés?
-Este es, como poco, el primer pilar para asegurar el futuro de la provincia
de León, que sigue siendo el sector básico de la estructura de nuestra
economía. Y además es el primer paso para la nueva agricultura del siglo 21,
que no sabemos cómo va a ser, pero que no se va a parecer prácticamente nada
a la que tenemos ahora. Ya vislumbramos en el horizonte el cultivo de
plantas oleaginosas o energéticas para la producción de carburantes que
serán las que ocupen la mayor extensión productiva y tal como van los
precios del petróleo no sólo será conveniente, si no una necesidad. Para eso
es preciso estar preparado desde ya; desde ahora.
-Existen reticencias en el sector a cerca de la fórmula
acordada para financiar el plan. ¿Cree que es asumible para el agricultor
medio leonés?
-En una agricultura productiva es perfectamente asumible la financiación de
este plan; de hecho ahora hay agricultores que están pagando en facturas de
gasóleo para impulsar la aspersión de los regadíos más de lo que vale la
cuota anual de la amortización por hectárea de los nuevos regadíos. Pero
vuelvo al matiz que hace exclusiva esta actuación: nadie puede cuestionar
los criterios que tiene cada agricultor a la hora de decidir si se suma al
plan o no; si lo ve rentable para él, según su situación. No se puede
obligar a nadie a acogerse.
L.
Urdiales
león
