Fundamentalmente, el fuerte rechazo suscitado por la ubicación del Centro de Tratamiento de Residuos para toda la provincia de León está enraizado en un temor: los terrenos de San Román de la Vega pertenecen a un valle del monte donde el agua subterránea aflora por numerosas fuentes.

El caso es que en octubre de 1998 fue realizado, por la empresa asesora (INYPSA) del Consorcio provincial de basuras, en todo el proceso un estudio geológico, hidrogeológico y geotécnico de la zona de ubicación. Pero en él nada se afirma ni se niega sobre la idoneidad natural de los terrenos desde el punto de vista estudiado. Tal carencia evidenció al Ayuntamiento de San Justo de la Vega la necesidad realizar uno propio, el cual, una vez aceptado el encargo por el Rector de la Universidad de León, éste se lo encomendó al profesor, Doctor en Geología, Don Leonardo Lobato Astorga, del cual reproducimos algunas conclusiones:" Es asimismo, y junto con lo anteriormente expuesto, totalmente desaconsejable el emplazamiento de dicha instalación en el área ofertada por el grave riesgo de contaminación que implica para los acuíferos profundos y superficiales". "La zona de posible afectación comprende una relación de cuarenta y nueve poblaciones".

Por su parte, la Asociación "Órbigo-Tuerto" (formada por Juntas Vecinales y particulares de los pueblos más próximos a la pretendida ubicación) y la "Mancomunidad del Órbigo, encargan sendos informes al respecto: uno, de Doña Lourdes Chumillas, geóloga y Técnico en Medio Ambiente, destaca, amen de los ya enunciados, el alto riesgo de inundación y contaminación de los sistemas de riego de la ribera derecha del Órbigo; otro, de Doña Isabel Herráez, Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, con larga experiencia en contaminación de aguas por vertederos, considera que, a la vista de sus 19 puntos débiles "esta ubicación no cumple los requisitos indicados en la reciente Directiva de la Unión Europea 1999/31CE (de plena aplicación en España a partir de julio de 2001) y que, aunque se realizara una corrección mediante barreras artificiales, los altos riesgos de erosión, contaminación de acuíferos y estabilidad del emplazamiento desaconsejan la ubicación seleccionada".

Este último informe viene encabezado y refrendado por D. Ramón Llamas Madurga, Catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, sus conclusiones merecieron el aval del Director del Área de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Incorporados estos informes en forma de alegaciones al proceso público de evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, la Junta de Castilla y León, aunque, inexplicablemente, declara un informe favorable a los efectos ambientales, no pudo eludir reconocer "la sensibilidad del acuífero y sus usos" y la "necesidad de un Plan de Emergencia detallado sobre las actuaciones en caso de contaminación", entre otras severas advertencias.

Aparte de la discusión sobre éste y otros posibles impactos medioambientales de una ubicación tan "temeraria" para una instalación donde se concentran todos los residuos urbanos de la provincia de León, este conflicto ecológico alimenta una espesa batalla legal en la que, junto con la Asociación Órbigo-Tuerto, están involucrados nueve ayuntamientos de la zona. De momento, han sido abordados tres intentos, uno por cada año (1998, 1999 y 2000) de adquisición de los terrenos de San Román de la Vega por parte del Consorcio de basuras, lo cual ha obligado, esta vez iniciada por la mismísima Diputación Provincial, a una cuarta vía: su expropiación forzosa.

Acompaña a este conflicto una fuerte movilización social de manifestaciones y protesta, adquiriendo matices casi violen tos cuando choca con el entorno en el que se ampara el Diputado Provincial de San Román de la Vega, uno de los grandes valedores de la instalación del CTR en su pueblo, promovida de por un familiar suyo y, a la sazón, asistente personal, quien por el en enero de 1998 encabezó oficialmente la oferta de los terrenos a un concurso público convocado al efecto, y cuya selección finalmente directa (ya que el concurso público fue declarado desierto) ha generado buena parte del conflicto.

Aunque he querido ser objetivo en el relato de los hechos, no quiero serlo en las reflexiones:

Contrariamente a lo que piensan algunos ilustres ignorantes, que miran al mundo rural como a una simple reserva ecológica de culturas anacrónicas, quienes formamos parte de la Asociación Órbigo-Tuerto nos oponemos radicalmente al innecesario deterioro del entorno de nuestros pueblos porque queremos que nuestros hijos puedan seguir viviendo en ellos con dignidad. Para ello, estamos comprobando que resulta imprescindible la participación social a través de asociaciones o grupos civiles que exijan de las administraciones estudios que sirvan para algo más que el mero pasar el trámite, y que obliguen a los derechos y deberes democráticos más allá de donde llegan los procesos electorales periódicos.